Agencia de Noticias UPB-Medellín. La Escuela de Derecho y Ciencias Políticas realizó un congreso internacional que contó con las ponencias de docentes investigadores de la escuela y de invitados de ámbitos nacionales e internacionales los cuales analizaron, desde una mirada crítica y descriptiva, algunos asuntos relacionados con la paz y la etapa de transición que adelanta el país desde la firma del acuerdo final de paz en 2016.
Las temáticas de este congreso estuvieron divididas respecto a las cinco líneas de investigación del Doctorado en Estudios Políticos y Jurídicos, las cuales se especifican en Gobierno, territorio y ciudad; Justicia e instituciones; Regulaciones, mercados y políticas; Política exterior y Lenguaje y acción. De esta manera y como lo mencionó el docente y coordinador del evento, César Augusto Molina Saldarriaga, se pretendió abarcar algunas consideraciones que generaran una reflexión de lo que significa la paz.
En el inicio, el docente Milton Andres Rojas Betancur abordó su ponencia desde los condicionantes institucionales para la implementación de políticas de y para la paz, en la cual hizo hincapié en la importancia de generar estas políticas no solo directamente con la paz sino con los componentes que componen la acción estatal tales como el posconflicto, el fortalecimiento del Estado de derecho y la incorporación y reincorporación.
En otro espacio del congreso, la docente investigadora Lina Marcela Estrada Jaramillo presentó los resultados de su trabajo investigativo referente a la adopción de niños cuyos padres eran habitantes de calle. En esta investigación, la docente realizó un trabajo en conjunto con el docente del grupo de investigación, Holmedo Pelaez Grisales, el cual ya tenía un trabajo investigativo en el que evidenció como los habitantes de calle no tenían el derecho de habitar la calle. El resultado de esta investigación conjunta evidenció había una política en la que los defensores de familia declaraban en adoptabilidad a los hijos de los habitantes de calle.
En esta misma línea de visualización de proyectos, se habló acerca de la justicia alimentaria y del problema de justiciabilidad en el derecho de la alimentación, en el que la investigadora Olga Cecilia Restrepo Yepes hizo alusión a los casos colombianos en los que se plantean discusiones y sentencias para la protección del derecho a la alimentación. Así mismo, hizo referencia a la tasa de mortalidad por desnutrición en niños, la cual en el 2015 y 2016 señaló que en La Guajira fallecen 32 niños mientras que en Colombia la proporción en 17, diferencia que estimó que 60 menores de 5 años fallecieron por cada mil nacidos en La Guajira para el año 2015.
En otro momento, el docente Olmer Alveiro Muñoz realizó su presentación con la cual buscó dialogar en torno a la proyección del Estado colombiano luego de su litigio con Nicaragua en el fallo de La Haya en el que luego de la decisión de la Corte Internacional de Justicia Colombia perdió 75 mil kilómetros de mar. La debilidad del gobierno para definir su interés nacional fue, según el docente, lo que lo llevo a obtener este resultado debido a que el interés nacional de un país es lo que define su accionar hacia situaciones futuras.
Seguidamente, en estos temas de alcance internacional el docente de la Universidad EAFIT, Luis Fernando Vargas, abordó el tema de La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de su relación con Colombia en la que, aunque el país fue admitido como miembro número 37 de la OCDE, todavía no ha tenido una adhesión absoluta debido a dificultades que no han permitido la participación de Colombia en una organización que promueve políticas que benefician la economía de los países.
Finalmente, este congreso contó con la participación del delegado para el posconflicto de la Contraloría General de la República, Juan Carlos Gualdrón Alba, el cual habló del aporte de la Contraloría como ente que regula y vigila que los puntos establecidos en la ley 1448 de 2011 dedicado a la unidad para las víctimas y del Acto Legislativo 01 DE 2016 en el cual se establecen los instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del acuerdo final.
El aporte ha sido hacer seguimiento para poder, por un lado, entregar los informes de cómo va el desarrollo, revisar el tema de la política pública y esa estructura organizacional del Estado y de otras instituciones para ver cómo están implementando cada uno de ellos las responsabilidades que el acuerdo dispuso”.
Por Luisa Fernanda Monsalve Jiménez, Agencia de Noticias UPB.
Universidad sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución 17228 del 24 de octubre de 2018 - 6 años.
Otorgado por el Ministerio de Educación Nacional. Nit UPB: 890.902.922-6. Todos los derechos reservados