Presunta discriminación a personas adoptadas en el Código de Extinción de Dominio

Agencia de Noticias UPB - Medellín. Un grupo de docentes de la UPB demandaron el artículo 175 del Código de Extinción de Dominio argumentando que en este se presenta discriminación a las personas adoptadas, debido a que esta norma protege a los parientes de consanguinidad para que no se autoincriminen, ni declaren en contra de sus parejas ni familiares en un proceso de extinción de dominio, pero no protege de la misma manera a las personas adoptadas.

El Código de Extinción de Dominio consagra el deber general de rendir testimonio en ciertos hechos que tienen interés para el trámite de extinción de dominio, incluso si dicho testimonio puede ser perjudicial para terceros. Sin embargo, este código también incluye unas excepciones en el deber de declarar establecidas en el artículo 175.

 Esto quiere decir que los colombianos no están obligados a declarar en contra de sus parientes consanguíneos (padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos, tíos, sobrinos y primos) en un proceso de extinción de dominio. Sin embargo, la norma no exime a las personas para que no declaren contra todos sus parientes civiles, que son aquellos relacionados por la adopción. La norma sólo exonera a los colombianos para que no incriminen a su padre adoptivo o a su hijo adoptivo.

Andrés Felipe Duque Pedroza, docente de la UPB y coautor de la demanda, explicó que esta discriminación se manifiesta en el hecho de que no es necesario testificar en contra de un abuelo consanguíneo, pero sí es necesario hacerlo si se trata de un abuelo adoptivo.

En respuesta a esta situación, los profesores solicitaron a la Corte Constitucional que estudie la demanda y aplique las mismas garantías que existen para los parentescos consanguíneos a los parentescos de relación civil.

 

El proceso desde la presentación de la demanda hasta la sentencia final de la Corte suele durar alrededor de un año. La demanda de Extinción de Dominio fue presentada en marzo de 2023, y aproximadamente un mes y medio después, la Corte la admitió para su estudio. Posteriormente, la Corte solicitó opiniones a varias instituciones expertas en la materia, como universidades, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General de la Nación.

Sin embargo, es importante destacar que esto no significa que los profesores hayan ganado la demanda. Aunque es un avance positivo, se debe esperar la sentencia final de la Corte Suprema de Justicia, que se prevé para finales de este año.

 Por: Nayza Alejandra MArtínez Vanegas - Agencia de Noticias UPB